En plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la eliminación del artículo 5 del Proyecto de Ley 080 de 2016 (Senado) y 285 de 2017 (Cámara), en el que se impedía que las universidades públicas tuvieran contratos interadministrativos.

Según explicó el profesor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), la eliminación de este artículo es el resultado de un trabajo conjunto entre las universidades públicas y el Congreso de la República.

Los convenios interadministrativos que desarrollan las universidades representan cerca del 35 % de los recursos propios que se generan por medio de las actividades de extensión, por lo que mantenerlos es vital para seguir generando estos ingresos.

Para alcanzar este logro fue fundamental la labor de la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, quien acompañó el proceso y apoyó la eliminación del artículo en el informe de conciliación al Proyecto de Ley.

“Logramos que el Ministerio de Transporte entendiera que quitarle la posibilidad a las universidades públicas de hacer contratos interadministrativos era afectar en cerca de un billón de pesos las finanzas de estas instituciones”, precisó la representante a la Cámara, quien agregó que con esto también se mostró que el Estado debe creer en la educación superior pública y mantener la sostenibilidad de las universidades.

Las áreas de extensión son las encargadas de realizar asesorías, consultorías e interventorías, actividades muy importantes para transferir el conocimiento que desarrollan las instituciones ya sea a entidades del Estado o al sector privado, y al mismo tiempo fortalecer el trabajo con los estudiantes y docentes.

Así mismo les brinda a las universidades la posibilidad de interactuar con la economía real y enfrentarse a la situación del país.

Esto lo confirma el profesor Herbert Giraldo, director nacional de Planeación y Estadística de la U.N., quien detalló que mantener contratos interadministrativos permite seguir apoyando a los estudiantes en su formación profesional.

“Esto nos da la oportunidad de que nuestros estudiantes se fortalezcan desde las etapas de formación temprana, y al tiempo obtener recursos adicionales para el sostenimiento de la universidad”, comentó el profesor Giraldo.

Además les permite a los alumnos de bajos recursos vincularse a los proyectos de extensión y tener ingresos para su manutención.

“Existen múltiples beneficios en el hecho de la que las universidades puedan ayudar a las entidades del Estado. La U.N. tiene acumulado un conocimiento integral que puede aportar para el desarrollo del país”, concluyó el docente.

(Por: fin/VC/dmh/LOF)
N.° 967


BOGOTÁ D. C., 13 de diciembre de 2017